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TRATADOS DE PROHIBICIÓN INTERNACIONAL DE MINAS TERRESTRES Y MUNICIONES EN RACIMO

1004022_483403041735232_1262088559_nEs amplio el abanico de razones que justifica la adopción de medidas contundentes para la prohibición del uso, la fabricación, el almacenamiento, la producción y la comercialización de minas terrestres antipersonales, aunque quizá las de mayor peso sean que matan, hieren, mutilan y coartan las libertades y los derechos fundamentales de la población civil en demasiados países del mundo, aún tiempo después de terminados los conflictos bélicos. La existencia de campos de minas obstaculiza el desarrollo económico y la reconstrucción de los países, impide la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente y, además, ocasionan severos impactos muchos años después de su ser colocadas.

Lo hemos dicho muchas veces. Las minas terrestres no distinguen entre civiles y militares, entre tiempos de guerra y tiempos de paz. Tampoco entre hombres, mujeres y niños, todos ellos inocentes e indefensos. No discriminan, solo asesinan, amputan miembros, causan secuelas físicas y psicológicas de por vida y condenan las vidas de las víctimas a una invisibilidad nada merecida. Por eso, para asegurarse de que nadie pueda seguir utilizando minas antipersonales o municiones en racimo en el mundo, existen dos tratados internacionales que prohíben su uso, fabricación, almacenaje y venta, así como establecen obligaciones a los países que las emplearon relacionadas con el desarme y la acción humanitaria para con las víctimas que ocasionaron.

El primero, considerado la piedra angular de los esfuerzos internacionales para poner fin al sufrimiento y a las muertes ocasionadas por explosiones de minas terrestres, es el Tratado de Prohibición de Minas (MBT por sus siglas en inglés, Mine Ban Treaty), al que ya se han unido el 80% de los países del mundo. Estados que han aceptado obligarse a las disposiciones de este Convenio, tanto en materia de la prohibición de su uso, como en la obligación de la destrucción de cualquier arsenal, el desminado de territorios contaminados y la atención integral a las víctimas. Se trata de un inusual convenio de unificación de voluntades entre organizaciones no gubernamentales internacionales, organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos, en pos de un objetivo común, que no es otro que evitar más muertes y más víctimas innecesarias, prohibiendo las minas y haciendo a los responsables de la colocación de minas de cuantos impactos originan. El MBT es el resultado de una gran movilización ciudadana internacional y se firmó en Otawa (Canadá) en 1997 y entró en vigor  marzo de 1999. Actualmente, hay 161 países adheridos al Tratado y 36 que aún no lo han suscrito, razón por la que se han convertido en el objetivo de los esfuerzos internacionales de cuantos trabajan por conseguir un mundo sin minas.

Es lamentable que estos 36 países (entre ellos Estados Unidos, Rusia, China y Marruecos) permanezcan fuera del Tratado. Sin embargo, esto no le resta importancia al MBT, ni debilita sus logros como una de las acciones específicas de mayor éxito en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario y de la diplomacia multilateral. No en vano se ha conseguido limpiar y reutilizar como suelo productivo vastas extensiones de tierra; se han destruido más de 46 millones de minas de arsenales militares por todo el mundo; y se ha disminuido el número de víctimas, porque se producen menos accidentes y en menos países cada año). Además, las contundentes campañas de sensibilización están logrando que la sociedad civil mundial rechace al unísono como abominable cualquier utilización de estas armas en cualquier parte del mundo. Ya a casi nadie le resulta indiferente. Esto es un gran logro.

Cada año, los países que forman parte del Tratado, observadores internacionales de numerosas organizaciones no gubernamentales y otros estados, se reúnen en Ginebra (Suiza) o en algún país afectado por esta lacra, para analizar las situaciones en los países afectados, verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los países adheridos y diseñar conjuntamente estrategias de presión para lograr que los no adheridos cambien de postura. Gran labor en este sentido la que realiza la organización International Campaign To Ban Landmines (Campaña Internacional de Prohibición de Minas – ICBL), Premio Nobel de la Paz en 1997, que actúa en más de 100 países -entre ellos, el Sáhara Occidental, con una entidad propia- como firmes defensores del cumplimiento del Tratado y de la promoción de todas sus disposiciones. ICBL aboga también por la defensa de los principios del segundo acuerdo internacional regulatorio que nos ocupa, la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM).

Alcanzado en Dublín en mayo de 2008, se firmó en Oslo el 1 de agosto de 2010, con 112 países firmantes. Si bien prohíbe categóricamente el uso, el almacenaje, la producción y la venta de municiones en racimo, centra su contenido en las consecuencias humanitarias y los daños inaceptables causados a los civiles por la explosión de municiones en racimo y otros remanentes explosivos de guerra. La CCM establece un marco específico de cooperación y asistencia para garantizar una atención adecuada a las víctimas, sus familias y sus comunidades, así como contempla, al igual que el MBT, la limpieza de áreas contaminadas, la educación sobre la reducción de los riesgos y la destrucción de los arsenales.

También existen casos especiales. Países no reconocidos internacionalmente por diferentes circunstancias, que sufren las consecuencias de albergar vastas extensiones de su territorio contaminados por minas, municiones en racimo y/o por otros remanentes explosivos de guerra, como el Sáhara Occidental, Sudán del Sur o Kosovo, entre otros. Países, organizaciones políticas, movimientos de liberación y hasta grupos paramilitares que desean expresar su voluntad de adherirse a los Tratados anteriormente mencionados, pero que carecen de los derechos exigibles para hacerlo, disponen de un mecanismo denominado Geneva Call, organización humanitaria internacional que dirige sus esfuerzos a la protección de las sociedades civiles de los países en conflicto armado o político sin resolver. Una plataforma que les ha permitido expresar y recoger oficialmente su voluntad de unirse al Tratado de Prohibición de Minas y a la Convención de Municiones en Racimo, asumiendo todas las consecuencias y obligaciones derivadas de esa decisión.

Infórmate. estas organizaciones basan todo su trabajo en la acción civil. Tod@s podemos hacer algo más. Desde DALES VOZ A LAS VÍCTIMAS os acercaremos, poco a poco, los esfuerzos de tantos cuyo papel en este objetivo resulta, cuando menos, indispensable como motores sociales de denuncia y presión. Síguenos.

© Elisa Pavón

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